Con todo, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense Rafael Rubio Núñez, pionero en estudios sobre"lobbies" en España, afirma que "la única manera de regular los lobbies enEspaña sería meter a los diputados en una urna". Y es que uno de los propósitosdel lobbista es la generación de confianza, por lo que, en último término,regular el "lobby" viene a ser regular una relación humana más, con lasdificultades que eso conlleva.
Y es que, en España, además, la manera habitual de hacer política, lacultura política española, ha consistido en relaciones personales, hasta elpunto de que "la Constitución se redactó en los bares", como recuerda elprofesor Rubio Núñez, las vacancias y rotaciones entre vida política oadministrativa y vida civil no están reguladas como en Estados Unidos, por loque la red de contactos e influencias permanece opaca. En España, en cambio, noexisten los problemas que hay en Norteamérica en lo referente a laparticipación de "lobbies" en la financiación de campañas.
Las notas de corrupción y lejanía con que se identifica a los "lobbies"viene por el uso de algunos diputados de ofrecerse para labores deintermediación cobrando a cambio o bien para utilizar su posición para abrir oabrirse otras puertas. Entre los rasgos negativos de los "lobbies" está tambiénel hecho de que sólo una parte de los ciudadanos, los que tienen contactos ocapacidad de organización, puedan llegar a contactar con los representantespolíticos.
Dado el interés que ofrecen los "lobbies", el fenómeno ya está siendoestudiado en facultades y centros de estudios de todo el país. Y urge, según elprofesor Rubio Núñez, que tanto los representantes del ICEX como las oficinasde comercio españolas en el exterior sean entrenadas en técnicas de "lobby",como urge que las empresas españolas apuesten por sus servicios, en algunoslugares tan necesarios como carta de presentación como puede ser la asesoríajurídica de un abogado.
Pese a que el debate está sobre la mesa, no están previstas medidasregulatorias sobre "lobbies" en parte por interés de diputados y senadores y enparte porque, según observa Rubio Núñez, "sólo funcionarían medidas radicales",lo cual implicaría dejar de dar audiencia a la voz de la ciudadanía.