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Hemos tenido la suerte de contar con Maros Sefcovic (Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario Europeo de Relaciones Institucionales y Administración) durante estos días en Madrid. En su intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa habló de la iniciativa legislativa popular europea que se tratará en el Consejo General de Asuntos Europeos del próximo mes de julio y que está recogida entre las iniciativas que el Tratado de Lisboa quiere impulsar para que los ciudadanos europeos estén más implicados en la política continental.

No resulta fácil hablar del lobby en España. Y no lo es porque, a pesar de la extensa legislación existente en la mayoría de ámbitos y sectores, en cualquiera de los tres niveles de la Administración -local, regional y estatal-, no hay todavía una sola norma, precepto o disposición que defina esta actividad ni su marco deontológico. Una realidad que no se explica sólo por la corta experiencia democrática del Estado Español, ya que, en el resto de Europa, sobre todo en los cuatro grandes -Alemania, Francia, Italia y Reino Unido-, hay una evidente falta de acervo legislativo sobre la materia.

La Unión Europea continúa avanzando hacia la normalización de las actividades de lobbying, o asuntos públicos, en sus instituciones. La Comisión Europea asume que esta práctica es legítima y deseable en el engranaje democrático de una sociedad. Para ello, esta institución ha promovido un Registro de Grupos de Interés y un Código de Conducta al que se adhieren todos aquellos grupos y entidades dedicadas a la representación de intereses.