El lobbying en los EEUU tiene como objetivo convencer al Senado, a la Cámara de los Representantes y al poder legislativo de los estados. Los lobbystas representan también los intereses de sus clientes o de organizaciones que tratan con federales, estados, sucursales del poder ejecutivo o de la corte. Además los grupos de lobby pueden escribir proyectos legislativos o leyes para los oficiales disciplinarios de los partidos. La actividad de lobby, tanto para individuos como para grupos y corporaciones, está protegida por el derecho a la petición en la primera enmienda de la Constitución de EEUU. Los lobbistas tratan con los parlamentarios para explicarles las metas de las organizaciones que representan.

Existe una creencia persistente sobre esta tradición que comenzó entre el 1868 y el 1877, durante la administración de Ulysses S. Grant. Como su mujer no lo dejaba fumar en la Casa Blanca, Grant disfrutaba de sus puros en los patios (en inglés lobbies) del cercano Willard Hotel. Los políticos y los que buscaban favores políticos, como lo veían a menudo por ahí, aprovecharon este momento de tranquilidad para encontrarse con él ya que estaba más buen dispuesto. Aunque hay que señalar que antes de esta anécdota este término ya se utilizaba el en Reino Unido.

Los históricos del Congreso afirman que en esas dos décadas rara vez los legisladores hacían lobbying. Los oficiales, una vez elegidos, consideraban esa actividad indigna y  una mala influencia. Además las compañías de lobbying no veían bien contratar a ex-miembros del Congreso porque los consideraban poco activos para su actividad y porque no estaban dispuestos a pedir favores a ex-colegas.

Desde los años ’80, los salarios más altos, una mayor demanda de lobbistas, el gran movimiento existente en el Congreso y el granun grande cambio de la Casa Blancadel Parlamento han contribuido al cambio de actitud de los ex-oficiales electos que empezaron a sentirse más idóneos para ser lobbistas. Los ex-Ex-legisladores son buscados con avidez para ser lobbistas por sus buenos contactos. Hoy en día hay más de 17.000 lobbistas federales establecidos en Washington DC.

Los primeros intentos para regular la actividad de lobbying surgieron en 1876, cuando la Casa de los Representantes aprobó una resolución sólo para aquella sesión del congreso en la que se pedía a los lobbistas que se registrara en la Clerk House. En los años ’30 el senador Hugo Black de Alabama recomendó que los lobbistas  registraran sus nombres, sus salarios, sus gastos mensuales y los fines de sus actividades. Pero hasta no hace la Segunda Guerra Mundial el Congreso no estableció una regulación del lobbying de forma comprensiva y sistemática. Se establecieron dos leyes:

– Foreign Agents Regulation Act (FARA) del 1938 fue el primer intento de una regulación a nivel federal. El objetivo principal era el de limitar la influencia de agentes extranjeros y de la propaganda en la política pública americana.  Fue la respuesta a la propaganda percibida de Adolf Hitler que intentaba avivar el nazismo en EEUU. Más tarde se hizo también referencia a la propaganda comunista. La FARA ponía más atención a la revelación del lobbyingque a la regulación de su conducta. Definía a los “foreing agent” como cualquier lobbista, representante de relaciones públicas o abogado para una “foreign principal” (o sea, organizaciones, corporaciones o partidos políticos extranjeros). FARA proponía que:

  • Las personas que trabajaban para unaforeign principal debían registrar sus nombres, sus direcciones y sus clientes extranjeros  en la Secretaría de Estado.
  • Cualquier tipo de escrito o información diseminada por un foreign agent tenía que estar visiblemente etiquetada como tal.
  • Los foreign agents tenían que anotar todos los contactos que tuvieran con los lobbistas, las fechas, las compensaciones recibidas y los fondos desembolsados, los asuntos y las personas con quien habían trabajado, y hacer publicas estas informaciones al Secretario de Estado.

La FARA ha sido escrita para contrarrestar la propaganda extranjera, pero no limitando las informaciones, sino identificándolas como pagadas y distribuidas para extranjeros.

La corrección más significativa llegó en el 1966 cuando la FARA empezó a ser, no jamás una herramienta contra la propaganda, sino un instrumento para regular el grassroot lobbying y el lobbying hecho en el Congreso por representantes de intereses extranjeros.

-La Federal Regulation of Lobbying Act (FRLA) del 1946 se proponía como objetivo la inscripción de los lobbistas que intentaban influenciar al Congreso; quería dar a conocer públicamente la existencia de presiones políticas.  De la misma manera que la  FARA no consiguieron regularizar la conducta ni la actividad financiera de los lobbistas. En este caso la FRLA requería que cualquier individuo, el cuyo propósito principal fuese influenciar o derrotar la legislación en el Congreso, se registrase en la Clerk House y en la Secretaría del Senado además de presentar trimestralmente sus informes financieros. En estos últimos tendrían que aparecer: el nombre, la dirección del lobbista y de los clientes, sus ingresos, quien y en que medida contribuyen al esfuerzo del lobbying, informe detallado de los gastos, publicaciones en las que han interferido.  La violación de estas reglas suponía una multa máxima de $5.000 o un año de encarcelamiento y además la prohibición de ejercer la profesión durante tres años.  La FRLA ha sido considerada como una ley poco eficaz y mal redacta.

Esta ley además se debilitó cuando la Corte Suprema redujo su ámbito ya limitado para evitar que la hallaran anticonstitucional por su mala redacción. La Corte decidió que se aplicara solamente a los “lobbistas pagados” que “están en contacto directo” con los miembros del Congreso para discutir sobre “las leyes pendientes”. Así que la ley hacía referencia sólo a los que se interesaban directamente en un específico proyecto de ley; y los que pasaban la mitad de su tiempo hablando con los miembros del Congreso sobre las legislaciones estaban exentos de dar informaciones. Uno de sus puntos débiles fue que no cubría al personal del Congreso ni al ejecutivo y algunas partes de las bases dellobbying.

En el 1991 un estudio realizado por el Despacho de la Responsabilidad del Gobierno (GAO) mostró la deficiencia de la ley: el 60% de los lobbistas registrados no hacían referencia de ninguna actividad financiera (la información más importante por el público); el 90% no mostraban los gastos, salarios, honorarios ni comisiones; el 95% no registraban gastos por publicidad o relaciones públicas; y solo el 32% de los informes constaban de un número exacto e informaciones especificas de las leyes en las que habían intervenido.

Después de 50 años, durante los cuales se intentó fallidamente tapar las lagunas del decreto del 1946, fue en 1995 cuando el Congreso aprobó la justa y amplia Lobbying Disclosoure Act (LDA). Por décadas habían sido reacios a cambiar los decretos sobre ellobbying hasta que en los primeros años ’90 el Congreso estuvo involucrado en un caso de corrupción sensacionalista (conocido como el escándaloWedtech). Las investigaciones mostraron la insuficiencia de las leyes sobre el lobbying, ya que fueron muchos los lobbistas implicados en el escándalo. Todo esto fue el principio de la LDA, gracias al Senador Carl Levin que introdujo la primera versión de la ley en 1992. Las mejorías de la LDA fueron:

  • La clarificación de los sujetos a la regulación con definiciones más apropiadas de “lobbista” y “actividad de lobbying“.
  • La definición más cuantificada y clara de los requisitos necesarios para la inscripción de los lobbistas y la obligación a entregar un informe con sus actividades financieras dos veces al año.
  • Los lobbistas que representasen a gobiernos y partidos políticos extranjeros seguían registrándose como previsto en la FARA; mientras que los lobbistas que representasen intereses privados extranjeros pueden seguir la LDA.

Como vemos la LDA presenta también algunas limitaciones como la publicación inadecuada – los informes financieros de los lobbistas no son tan accesibles – la aplicación inadecuada – porque ni el Congreso, ni la Clerk House ni el Secretario de Estado tiene interés en verificar las informaciones ni tampoco un efectivo poder sobre ellos – y una regulación de conducta inadecuada – por ejemplo son muchos los casos de “revolving door” -.

El 14 de septiembre de 2007 el presidente G.W. Bush firmó el “Acta legislativa de Transparencia y Responsabilidad”. Documento en el que se establece que si un miembro del Senado es pagado el 75% más de su sueldo normal, o si ha dejado su cargo para convertirse en un lobbista registrado, no pueda hacer lobby a ningún miembro, oficial o empleado del Senado hasta que no pase un año de su retirada. Además un miembro no puede tener ninguna negociación para ocupar un empleo privado hasta que su sucesor no haya sido elegido, excepto si presenta un informe a la Secretaría del Senado y haciéndolo público en un plazo máximo de 3 días después de que haya empezado la negociación. Se requiere que un miembro que propone un fondo, una tarifa objetivo o un beneficio tributario certifique que ni él mismo ni su esposo/a tengan un interés financiero en la operación. Esta ley prohíbe además que se paguen viajes a lo miembros del Congreso sin una certificación escrita en la que se declare que el viaje no fue pagado, ni en todo ni en parte, por un lobbista registrado ni por un foreign agent. Además se tiene que certificar que la persona no haya aceptado, directamente o indirectamente, ningún fondo para financiar los gastos del viaje, que el viaje no fue organizado por un lobbista o un foreign agent y que estos no van a participar en el mismo. El acta que firmó Bush podría reducir la práctica de destinar el dinero federal a los proyectos favoritos de los legisladores. Además quiere arrojar luz sobre el lobbying  pidiendo que se publiquen online todos sus movimientos. Por ejemplo los lobbistas que contribuyen a campañas para candidatos y senadores que requieren fondos van a enfrentarse a debates online y los que contribuyen con más de $15,000 tienen que revelar sus gastos en la Web. Obama la definió “la reforma más radical desde Watergate”.

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